MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada Ponente
(Aprobado en sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis)
Bogotá D. C.,
1. El diecisiete (17) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988), los señores Manuel Vicente López Rojas y Javier Álvarez Dávila, abordaron un avión de la aerolínea demandada que cubría la ruta Bucaramanga-Cúcuta-Cartagena-Barranquilla. En cumplimiento del itinerario referido, la aeronave se estrelló contra el cerro ‘El Espartillo’, de la jurisdicción del Municipio del Zulia –Norte de Santander-, accidente en el cual, ambos, perdieron la vida.
2. La empresa Avianca S.A., convocó al cónyuge y a los familiares de los pasajeros fallecidos con el propósito de ajustar la respectiva indemnización, habiendo logrado concertar la transacción cuya nulidad se reclama.
3. Según la denuncia realizada por los actores, el pacto celebrado no se avino a las mínimas exigencias legales establecidas para negocios de esta índole y, por tanto, su existencia está viciada.
4. Precisamente, por esta última razón, en el libelo se solicitó declarar absolutamente nulo el contrato convenido entre las partes para, en su lugar, condenar a la transportadora al pago de veinticinco mil gramos de oro puro fino (25.000), a título de indemnización. De no proceder tal súplica, la parte demandante reclamó, de manera subsidiaria, de un lado, pronunciamiento en torno a que hubo enriquecimiento sin causa en contra de los accionantes y en favor de la convocada; de otro, que la demandada abusó de sus derechos y, por tanto, debe resarcir a las víctimas.
5. El proceso se tramitó con observancia plena de las formalidades previstas en la normatividad vigente para esta clase de controversias y, el a-quo, llegado el momento, emitió la sentencia que definió la primera instancia. Adversa como fue dicha decisión a los intereses de la promotora de esta acción, por la misma, se formuló recurso de apelación.
El Tribunal acusado puso fin a la alzada mediante sentencia confirmatoria, aunque, para ello, adujo razones diferentes de las expuestas por el juez de primer conocimiento.
En tiempo, se presentó recurso de casación.
6. El escrito sustentatorio se radicó dentro de la oportunidad prevista en la ley procesal civil.
II. LA DEMANDA DE CASACIÓN
1. El recurrente, en cuatro cargos, formalizó su inconformidad.
i) El inicial, trazado por la vía directa de la causal primera de casación, denuncia la violación de varias normas de derecho sustancial, concretamente, las relativas al contrato de transacción, las facultades del representante legal para tranzar cuando se trata de menores de edad. Al no hacerlas operar, dijo, no procedió la nulidad solicitada.
ii) En el segundo acusa el desconocimiento de normas de naturaleza probatoria (art. 187 C. de P.C.), en cuanto que no se le asignó a los elementos de juicio allegados al proceso el valor contemplado en la ley, por lo menos, adujo, los mismos no fueron explicitados.
iii) El siguiente, canalizado por la misma vía, debido a los errores de hecho en la apreciación de la demanda y algunas pruebas, el casacionista denuncia que el juzgador, respecto del contrato celebrado con la parte demandada, no exigió el poder necesario para transigir derechos de los menores involucrados en los términos en que se hizo.
iv) Por último, invocando la causal segunda prevista en el artículo 368 del C. de P.C., el impugnante sostiene que el Tribunal no se pronunció sobre las pretensiones subsidiarias; además, ‘se aparta de algunos hechos de la demanda’ y ‘tergiversa su interpretación’. En fin, arguye que el ad-quem desconoció la consonancia que debe existir en los fallos judiciales.
2. A partir de esos términos solicita casar la sentencia.
III. CONSIDERACIONES
1. Como bien se sabe, cuando se acude a la presentación del recurso extraordinario de casación surge, para quien lo invoca, de manera concomitante, el compromiso de acatar un mínimo de requisitos tanto de forma como de técnica que, al ser desconocidos, además de impedir que el fondo del debate sea abordado, condenan la impugnación a su deserción. Tal situación deriva de la naturaleza dispositiva y formalista del mismo (arts. 374 C. de P.C.; 51 del Decreto 2651 de 1991).
2. Precisamente, por razón de esas características es que su gestor no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio, es decir, no constituye una tercera instancia. En ese orden, en la sustentación del recurso extraordinario está proscrito involucrarse, de manera principal y directa, con la labor cumplida por los juzgadores de turno en relación con el pleito y su génesis.
El objetivo esencial de la impugnación es analizar el contenido del fallo proferido por el ad-quem (thema decissus), tratando de visualizar los yerros en que haya podido incurrir y, una vez expuestos, en una confrontación entre lo realizado y lo que debió haberse cumplido, acudiendo a las causales previstas en la normatividad vigente, quebrar la sentencia proferida. En otros términos, la materia prima del casacionista es la decisión cuestionada; su estructura, motivación y parte resolutiva.
3. A propósito de las condiciones señaladas para lograr la formulación idónea del recurso analizado, en lo que interesa al caso bajo estudio, cumple decir que, entre otras exigencias, al censor le correspondía cumplir las siguientes:
3.1. Indicar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», hipótesis que, como lo ha sostenido la Sala, se materializa al «señalar cualquiera de las reglas de esa naturaleza». Por supuesto, este último evento en el entendido que la disposición referida constituya basamento esencial del fallo cuestionado, como así aparece regulado en el artículo 374 del C. de P.C.
En los siguientes términos lo expuso la Sala:
«…en el marco de dicho motivo casacional, es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación: la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilguen al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas –cuando se predique la comisión de un yerro de derecho-, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado» (CSJ AC 7 de diciembre de 2001, Rad. 0482-01).
En otra oportunidad, así se refirió al punto:
«la obligación de citar las normas aplicables al caso no es caprichosa (…) puede cumplirse indicando una ‘cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada’ (…) Es criterio de la Corte que ‘la violación dicha no puede referirse a cualquier norma del linaje señalado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relación con el aspecto material que de la decisión en concreto se controvierte, pues al fin y al cabo es la que demarca los confines de la acusación, en consideración a que, en últimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que atañe a la ‘proposición jurídica completa’» (CSJ AC de 26 de enero de 2012, rad. n°. 2005-0008).
3.2. Además, los argumentos que soporten el ataque formulado no pueden aducirse mixturados; los motivos que den lugar a una u otra acusación, una vez identificados, no procede agruparlos indistintamente en una misma causal; cada fundamento debe exponerse por separado y respetando la correspondencia con el dislate esgrimido.
Dada su pertinencia, es del caso memorar el siguiente pronunciamiento de la Corte Suprema:
«Y es que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación, la causal primera de casación puede ser invocada por razón de los errores estrictamente jurídicos en que incurrió el sentenciador (juris in judicando), lo que conduciría a un ataque por la vía directa, dejando de lado los errores de hecho o probativos; también procede cuando el juicio del fallador deviene afectado en la actividad de análisis del factum o de las pruebas (error facti in judicando), hipótesis esta última que comprende tanto las equivocaciones en aspectos fácticos como alrededor de los elementos de persuasión, situación que habilita, así mismo, aquella senda casacional aunque por la vía indirecta, empero, unos y otros yerros deben cuestionarse por separado, de manera independiente, habida cuenta que sus orígenes y efectos difieren significativamente, proceder que no acometió el casacionista (autos de 16 de abril de 2012, Exp. 2006 00121 01 y 15 de mayo de 2012, Exp. 2006 00005 01). (CSJ AC 10 Abr. 2013, Rad. 00195 01)». (Reflexiones validadas el 30 de abril de 2014, rad. n° 2009 00678 01).
3.3. A todo ello debe agregarse que como la determinación impugnada arriba a la Corte impregnada de la presunción de acierto y legalidad, el censor tiene el compromiso de identificar a plenitud todos, sin excepción, los pilares del fallo y confutarlos íntegramente. En otras palabras, no puede dejarse de arremeter contra lo basilar de la sentencia, pues si las bases de la decisión recurrida, total o parcialmente, quedan desprovistas de ataque la misma continuará en pie y, por ende, el recurso se tornaría incompleto.
En reciente oportunidad esta Corporación expuso alrededor de dicho tema:
(…) dado el carácter dispositivo de la impugnación y la imposibilidad que de allí se deriva para completar oficiosamente la acusación, iteradamente (…) ha señalado que “por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibir, ni puede tener eficacia letal, sino tan sólo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en ésta; de allí que haya precisado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado éste debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura”. –La Sala hace notar- (CSJ AC 12 Mar. 2008, Rad., n° 002721; 15 Ene. 2010; 29 Jul. 2010, Rad., n° 00366; y, 28 de junio de 2015, Rad., n° 2010 00611 01, entre otros).
Por manera que un cargo debidamente formulado es aquel que incorpora, a plenitud, las motivaciones de la sentencia cuestionada y, respecto de todas ellas, plantea la censura.
3.4. Adicionalmente, la formulación de uno u otro ataque deberá comprender la esencia o médula de la determinación adoptada. Tiene que haber, entonces, una correspondencia entre lo resuelto y lo reprochado; en otros términos, la técnica del recurso analizado no asimila que el Tribunal haya fundado la sentencia en una motivación específica y, la acusación, refiera a temas o aspectos diversos, situación que evidenciaría un desenfoque.
Sobre el particular la Corte, en reiteradas oportunidades, ha expuesto:
«Sobre esta deficiencia, como se advirtió en auto de 2 de noviembre de 2011, exp. 2003-00428, ‘la Corte ha señalado que ‘[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar’ (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que ‘resulta desenfocado, pues deja de lado la razón toral de la que se valió el ad quem para negar las pretensiones (…) Ignorado fue, entonces, el núcleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisión, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.’ (auto de 30 de agosto de 2010, exp. 11001-31-03-005-1999-02099-01)’’» -La Sala hace notar- (CSJ AC 23 de noviembre de 2012, Exp. 2009 00312 01, reiterada, entre otras, en el auto de 18 de diciembre de 2012, Exp. 2008 00262 01).
4. Puestas así las cosas, surge, prontamente, la conclusión de que el actor no acató varias de las exigencias señaladas, luego la impugnación no resulta idónea y, por ende, está destinada a su inadmisión.
En efecto:
4.1. El Tribunal, al momento de resolver la instancia, se ocupó de analizar uno de los presupuestos procesales, concretamente, la ‘demanda en forma’, habiendo concluido que la parte demandante se desentendió del mandato a que alude el artículo 75 del C. de P.C., análisis que lo llevó a negar las pretensiones. Sin embargo, a pesar de esa motivación, evidente por lo demás, el recurrente, en ninguno de los cargos formulados, atinó a confrontarla, es decir, las conclusiones que arrojó el señalado estudio quedaron desprovistas de ataque. Nótese lo que dijo el fallador sobre el particular:
«(…) empero, como no expresó con precisión y claridad los hechos que soportan las pretensiones y que serían materia de controversia y prueba, incumplió con la exigencia prevista en el artículo 75 numeral 6° del C. de P.C., que reza (…) a más que los fundamentos legales citados no concuerdan con lo pretendido por cuanto éstos no hacen referencia a la nulidad absoluta pretendida de manera principal sino a las catalogadas como relativas, vulnerándose lo preceptuado en los numerales 7° y 5° del mismo articulado (…) y de paso el debido proceso, el derecho de defensa de la parte demanda (sic) porque lo avoca a ‘adivinar lo verdaderamente pretendido’, a proponer toda clase de excepciones a pesar que la pretensión principal hace referencia a la declaratoria de nulidad absoluta sin fundamento fáctico que la soporte»
«Por tales razonamientos, por la configuración de la figura denominada INEPTA DEMANDA, uno de los presupuestos de la acción, no se entrará a estudiar el fondo del asunto y por ello, no se accederá a las pretensiones del actor (…)» (La Sala hace notar -fl. 48, cuaderno del Tribunal-).
Para el ad-quem los defectos que encontró en el libelo fueron de tal magnitud que lo condujo a no estudiar el fondo de la controversia. En ese orden, al actor le correspondía remover tales argumentos; dejar sin piso las motivaciones del fallador de segundo grado. Sin embargo, dejó de lado referirse al punto; inadvirtió que la ineptitud de la demanda fue determinante en la decisión cuestionada, luego al no derruir sus cimientos siguen en pie, es decir, continúan sirviendo de soporte y, el fallo, por lo tanto, queda incólume, de paso, apareja un cargo incompleto.
Bajo esa perspectiva, esa deficiencia de orden técnico no le permite a la Corte entrar a estudiar la raíz del debate, en particular, lo concerniente con la transacción y las facultades de las progenitoras de los menores de edad para disponer de los derechos de ellos.
4.2. En la formulación del cargo primero se aprecia otro de los errores que cometió el impugnante. En dicho ataque se alude a la violación, directa, de algunas normas materiales, empero, al desarrollarlo, incorpora, en forma errada, aspectos fácticos del litigio. En ese orden, fusiona en una misma causal errores juris in judicando y facti in judicando, lo que, en materia casacional está proscrito.
El yerro atribuido al sentenciador, en realidad, no concierne con la percepción estrictamente jurídica de las disposiciones memoradas, luego, no estructura un desconocimiento de las mismas ya por su inaplicación, ya por la aplicación incorrecta o interpretación equivocada; el desliz denunciado atañe, como el propio censor lo esgrime, al hecho de que al momento de celebrar la transacción no se satisfizo un mínimo de exigencias, vr. gr., que como se disponía de derechos de menores de edad, el poder extendido para ajustar ese pacto no resultaba suficiente; tampoco se acreditó la licencia judicial que habilitara proceder en los términos en que se hizo. El Juzgador, dijo el recurrente, ‘no se detuvo siquiera en considerar los alcances y efectos de los poderes con los que se representó ilegalmente a los menores’. De esa descripción surge, entonces, que de haberse presentado algún desvío por parte del juzgador el mismo refiere, en esencia, a la existencia o contenido de los instrumentos utilizados para tranzar y/o al alcance de las facultades por parte de quienes firmaron el contrato para ajustarlo en los términos en que se hizo, hipótesis que involucra más que un error jurídico un yerro fáctico, por tanto, se imponía acudir a una vía impugnativa diferente a la escogida.
4.3. Pero, además, incursionando en otro desacierto, el impugnante acusa al Tribunal en cuanto ‘pretirió pronunciamiento sobre el objeto y la causa de aquellas transacciones, se retrajo de considerar siquiera estos requisitos establecidos en las antedichas normas, tenía obligatoriamente que auscultar si hubo ratificación de las partes (….)’, es decir, dejó de pronunciarse respecto de un asunto anejo al debate, lo que, de ser cierto, implicaría una equivocación alusiva a un fallo mínima petita, determinante de una incongruencia, situación que tiene prevista una senda diferente a la invocada.
4.4. El cargo segundo, también, adolece de varias deficiencias. En primer lugar, aunque se acusa la violación de normas de derecho sustancial, no señala cuál de ellas resultó trasgredida por el trabajo cumplido por el fallador, desconociéndose, abiertamente, el artículo 374 del C. de P.C.
En los folios 12 y 13, del escrito de sustentación, como único referente sobre el punto, el actor señala que «normas ya citadas dentro del primer cargo de esta demanda», reseña insuficiente a la hora de considerar el cumplimiento de dicho requisito, pues la Corte se vería en la necesidad de seleccionar de todas las memoradas por el impugnante, atinentes a diversos temas, una u otra, a su elección, lo que no le está permitido. La acusación debe resplandecer precisa y ello implica el señalamiento, concreto, de la equivocación denunciada, aspecto que no se logra en los términos expuestos por los demandantes.
En segundo lugar, al evocar el artículo 187 del C. de P.C., refiere que su desconocimiento se debió a que el Tribunal ‘se equivoca flagrantemente en la observancia de esta norma de carácter probatorio, ya que desconoce las solemnidades establecidas en la Ley procesal (…) sino que además, en parte ninguna expone razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba’.
Sin embargo, al desarrollar el cargo, no precisa a qué solemnidad se refiere. Por supuesto, el señalamiento de algunos requisitos o información con respecto al acto celebrado, difiere de las formas o ritos previstos por el legislador para la existencia o validez del mismo; empero, ya concierna con uno u otro, debió precisarse a qué formalidad refería.
En cuanto a la valoración en conjunto de los elementos de juicio, que es el enunciado fáctico de la norma invocada, la inconformidad expuesta imponía al recurrente individualizar cada una de las pruebas que supuestamente dejó de sopesar el fallador y, luego de ello, interrelacionarlas para deducir de ese ejercicio la probanza echada de menos, labor que no cumplió el actor. Se limitó a mencionar los contratos de transacción, más no señaló respecto de cada uno de ellos qué dejó de hacer o vindicar el sentenciador y, que surgía de la apreciación conjunta de esos medios de convicción. El ataque no podía reducirse, únicamente, a enunciados o planteamientos hipotéticos.
4.5. En el tercer cargo, igualmente, el casacionista incurre en algunos errores adicionales que tornan inane la impugnación.
La censura se trazó por la vía indirecta de la causal primera, bajo el argumento que el Tribunal incurrió en errores de hecho en la medida en que ‘desvía la apreciación de la demanda sosteniendo que la transacción si era procedente y que se ajustó a derecho’ (folio 14 ídem).
El recurrente enfatiza que el contrato referido (transacción), sí resultaba procedente pero respecto de las personas mayores de edad, más no en lo que al derecho de los menores refiere. Cuestiona el alcance de los poderes que las progenitoras de estos últimos extendieron al abogado que negoció con la demandada. Y, adicionó:
«Resalta entonces que la Sentencia (sic) no expone en concreto sobre la idoneidad, incapacidad e indebida representación de las menores antes citadas. El error de hecho se hace protuberante al respecto y los efectos arrasan gravemente con las equivocadas conclusiones, con las que se apreciaron las demás pruebas» (mismo folio y cuaderno).
Resalta que varios de los magistrados que intervinieron en la decisión cuestionada, en otro proceso, en pretérita oportunidad, habían resuelto una situación similar pero en forma diferente. Contradicción que, según el recurrente, no fue explicada.
En fin, el impugnante antes que develar los errores de interpretación de la demanda, esencia de su queja, lo que hace es focalizar su inconformidad en los alcances de la potestad de quienes ejercieron la representación de los menores de edad, para llegar a finiquitar la reclamación en los términos en que lo hicieron. Para él, las madres de las víctimas (infantes), no obstante la patria potestad que por ley ejercieron, no tenían la facultad de disponer de los derechos de sus hijos.
Puestas las cosas en ese contexto, emerge sin mayor dificultad el desliz del actor, en cuanto que el yerro no refiere a una percepción errada del libelo sino que atañe a los requisitos legales para haber ajustado un contrato como el celebrado con la empresa de transporte, en la medida en que no podía concertarse, según el criterio del recurrente, bajo las condiciones expresadas, por existir menores. Concierne la equivocación, de haber existido, con las exigencias de la normatividad para la existencia o validez del negocio ajustado. Ese equivocado direccionamiento fue ratificado en la siguiente expresión:
«El Tribunal no analizó de manera objetiva las pruebas obrantes al proceso (documentales), resultando muy fácil comprender que ésta desconoce por completo la exigencia legal de dichas reglas del C. Co., normas IMPERATIVAS (…)».
A lo anterior debe agregarse que en el mismo cargo se incorporan argumentos anejos a un error de derecho en materia probatoria, pues, el actor, dijo:
«La apreciación en conjunto de registros civiles de Nacimiento y Poderes (sic) le hubiera permitido al juzgador elaborar una tesis contraria a los marcados intereses de la demandada» -hace notar la Sala- (fls., 15 y 16 ejusdem).
Planteamiento que desnuda, eventualmente, un desconocimiento por parte del fallador del artículo 187 del C. de P.C., contemplativo de la valoración conjunta del material probatorio recogido y, siendo ello así, su formulación debió ser independiente y tener otro cauce.
El actor, también, incluye en su discurso una aseveración que evidencia otro yerro. En su escrito expuso:
«La sentencia adolece de disquisición sobre las pretensiones subsidiarias de ABUSO DEL DERECHO Y ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA, no fueron dignas de análisis, precisamente desde el campo de la subsidiariedad».
Referencia que implica dejar de pronunciarse respecto de algunos de los extremos de la demanda y, de ser así, su acusación imponía una causal diferente, en tanto que concierne con la consonancia de las decisiones judiciales.
4.6. En el cargo cuarto, el promotor del recurso extraordinario se duele por cuanto que el Tribunal incurrió en un error de consonancia, pues, tal cual lo arguyó, dicha Corporación no se pronunció respecto de las pretensiones subsidiarias alusivas al enriquecimiento sin justa causa y abuso del derecho.
Sin embargo, ni en esta ni en las restantes acusaciones, el impugnante atinó a combatir los argumentos del fallador alrededor de la inepta demanda. En este pilar estuvo apalancada la sentencia proferida, luego, no aludir a ella y, contrariamente, focalizar la queja en aspectos diferentes, como ya fue advertido, impregna el recurso de un desenfoque amén de traslucir un embate incompleto y, ciertamente, esas deficiencias aparecen en esta censura.
Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Civil,
RESUELVE:
Primero. INADMITIR la demanda de casación atrás citada.
Segundo. Subsecuentemente, declarar desierto el recurso formulado por la parte demandante.
Tercero. En firme este proveído, la Secretaría deberá devolver el expediente a su lugar d origen. Se dejarán las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALV0
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA